El PSOE de Majadahonda ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo por lo que considera un incumplimiento sistemático de la Ley de Accesibilidad por parte del Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular. La denuncia se fundamenta en años de promesas incumplidas, mociones aprobadas y planes de movilidad redactados pero nunca puestos en marcha, pese a haber supuesto un gasto público cercano a los 200.000 euros.
El portavoz socialista, David Rodríguez Cabrera, ha criticado duramente la inacción del gobierno local, que, según sus palabras, “mantiene a miles de vecinos atrapados por barreras arquitectónicas que les impiden hacer vida normal”. Desde 2010, el Consistorio ha encargado diversos estudios y planes de movilidad urbana, con un coste total de 198.912 euros, sin que se haya ejecutado ninguna de las actuaciones recomendadas. A esto se suma la aprobación en 2022 de dos mociones socialistas para eliminar barreras arquitectónicas e implantar un plan integral, igualmente sin avances.
La denuncia recoge incumplimientos detectados en calles céntricas como Antonio Machado, San Roque, Santa Catalina, Morrones o la Plaza del Cura, donde las aceras no cumplen el ancho legal, carecen de rebajes accesibles, presentan mobiliario urbano mal ubicado, pavimentos en mal estado, rampas con pendientes excesivas o parques infantiles inaccesibles. También se critica la ocupación completa de aceras por terrazas, lo que imposibilita el paso de sillas de ruedas o carritos de bebé.
Rodríguez Cabrera ha reclamado que el Defensor del Pueblo ordene al Ayuntamiento cumplir con la legalidad vigente en materia de accesibilidad, alegando que el actual estado de muchas calles y edificios vulnera derechos fundamentales y genera situaciones de exclusión social.
El PSOE alerta de las consecuencias reales de esta inacción: personas mayores que no pueden salir de sus casas, ciudadanos con movilidad reducida atrapados en viviendas sin ascensor, familias con niños que no pueden circular con normalidad y frecuentes caídas por socavones y pavimentos levantados. A todo ello se suma la ausencia de solicitudes de ayudas europeas o autonómicas destinadas a financiar mejoras en accesibilidad.
Rodríguez Cabrera ha calificado la situación como una vulneración flagrante de la Ley 8/1993 de Accesibilidad, y ha recordado que “la accesibilidad universal es un derecho recogido en la Constitución y en la legislación europea”. Ha denunciado que el Partido Popular lleva años sin habilitar partidas presupuestarias específicas ni ejecutar las mejoras necesarias, lo que convierte a Majadahonda —en sus palabras— en una ciudad “que discrimina y excluye a sus vecinos más vulnerables por falta de voluntad política”.
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