En el último pleno del Ayuntamiento de Majadahonda, celebrado el 25 de abril de 2024, el grupo municipal de “Vecinos por Majadahonda” presentó una propuesta de considerable relevancia para los afectados por multas de tráfico en la Avenida de la Victoria.
Carlos Bonet, portavoz del grupo, lideró una moción para ofrecer asesoramiento y ayuda a las 8.848 personas multadas, quienes podrán recurrir para la recuperación del dinero, puntos del carnet y las multas impuestas.
Las oficinas de “Vecinos por Majadahonda”, ubicadas en los soportales del Ayuntamiento, están ya disponibles tanto para tramitación presencial como digital de los recursos. A todos los solicitantes se les proporcionará una copia de la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 32 de Madrid, que ha anulado una multa de 400 euros y la detracción de 4 puntos por no acreditar debidamente una limitación de 30 km/h en la mencionada avenida.
Esta sentencia, emitida en abril de 2024, afecta principalmente a conductores de Majadahonda, así como de municipios cercanos como Pozuelo, Las Rozas, Boadilla y Aravaca. Según el grupo “Automovilistas Europeos Asociados” (AEA), la decisión del tribunal podría marcar un precedente importante para casos similares.
En la misma sesión, se solicitó la dimisión de Francisco de Borja Carabante Muntada, Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, por las deficiencias en la gestión de las sanciones. A pesar de esta petición, la moción fue rechazada debido a los votos en contra del PP (15) y PSOE (3) y la abstención de Vox (4), aunque contó con el apoyo de Más Madrid-IU (1).
Además, el grupo municipal ha propuesto instar al Ayuntamiento de Madrid a anular todas las multas impuestas con criterios similares a los de la sentencia, incluyendo la devolución de los ingresos y puntos sustraídos, alegando la falta de pruebas claras sobre la señalización de la velocidad en la zona.
Con esta acción, “Vecinos por Majadahonda” busca no solo corregir una injusticia percibida sino también reafirmar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a actuaciones administrativas cuestionables.