{mosimage}El Parlamento Democrático español decidió implantar esta asignatura para cumplir una recomendación del Consejo de Europa de 2002. Con esta asignatura el Gobierno pretende promover una sociedad libre, tolerante, justa y que contribuya a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia.
En contraposición, los padres de los niños objetores a la asignatura recuerdan que en la carta de derechos fundamentales de España, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Actualmente en toda España se han presentado 35.000 objeciones de conciencia a Educación para la Ciudadanía. Con esta medida los escolares no suspenderán la asignatura aunque no la impartan.







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