Considero un insulto lo que he oído decir a unos jóvenes descosidos y vociferantes en el autobús: que “toda la acción del gobierno socialista se reduce a un aborto del pleno empleo”. Se basa en varios errores deliberados y tendenciosos como cuando se dijo, al comienzo de la crisis, que los brotes verdes eran de marihuana.

Algunos sectores de la derechona consideran que con Aznar había pleno empleo cuando, en realidad, había casi dos millones de parados (un 11,2% de la población activa), que era una cantidad importante, por más que Felipe González y Solves hubieran dejado el doble. Por otra parte el hecho de que ahora haya cinco millones de parados (un 20%) no es tan graves porque, según ha destacado una significada representante democrática, no hay un problema social derivado del paro y los sindicatos no vemos razones para movilizarnos. Y tampoco considero que se pueda ampliar ese número oficial de parados con los muchos becarios que trabajamos sin derechos laborales, porque estamos prolongando nuestra etapa de formación cobrando algo. En todo caso no se puede atribuir a una intención malévola de Zapatero; él, al igual que todos los socialistas, está a favor del pleno empleo y ha dejado constancia de ello en muchas ocasiones, incluso como propuesta electoral.

El que Zapatero haya promovido primordialmente el derecho al aborto desde el ministerio de igualdad no significa que esa medida sanitaria se aplique al empleo; nunca se extirpan puestos de trabajo más o menos consolidados, porque las mujeres socialistas sólo recurrimos al aborto cuando estamos embarazadas y nos quitamos un quiste celular, pero no cuando tenemos un embrión de empleo como el que yo tengo de becaria o un brote verde empresarial y el hecho de que el tráfico de drogas y la prostitución vayan en aumento, sustituyendo al ladrillo de la derecha en esta época de crisis, no significa que sean las únicas iniciativas empresariales que florecen con un gobierno socialista, la misma sanidad reproductiva tiene más importancia industrial gracias a la nueva ley.

Jennifer García